Como su nombre indica, una auditoria voluntaria no está asociada a ninguna obligación legal. Tan sólo responde al común acuerdo de los órganos de gobierno de una empresa. Las razones por las cuales un negocio realiza una auditoria voluntaria, sin tener la obligación de hacerlo, puede deberse a diversas razones, entre ellas, sumar garantía y transparencia a la situación financiera de una compañía frente a terceros (accionistas, clientes, proveedores, entidades bancarias, futuros inversores, …).
¿Es rentable el coste económico asociado a una auditoria voluntaria?
Una auditoria voluntaria lleva aparejado un coste en tiempo y en dinero. Pese a ello, su realización reporta, para la empresa, toda una serie de beneficios: facilita el acceso a subvenciones y financiación; obtención de datos financieros de calidad sobre la situación real de la compañía; detección de posibles debilidades de control interno; localización de posibles contingencias fiscales –por ejemplo, evitar la posibilidad de cometer errores en el proceso de liquidación de impuestos-; fortalecimiento frente al riesgo de insolvencia u obtención de datos de apoyo ante la toma de decisiones.
En tiempos de dificultades y nuevos desafíos, como los que ahora vivimos – COVID, guerra de Ucrania, debilidades en las cadenas de suministros de las empresas, etc. – hay una fuerte demanda en favor del aumento en el nivel de exigencia sobre la fiabilidad de la información financiera de las empresas. Una auditoria voluntaria responde a esta exigencia de manera completa.
Diferencias principales entre una auditoria voluntaria y una obligatoria
Los supuestos que marcan cuando una auditoria adquiere carácter obligatorio están incluidos en la disposición adicional primera de la Ley 22/2015, de 20 de julio. Aquellos se refieren a circunstancias tales como necesidad de establecer el volumen de cifra de negocios de la compañía; obligación de establecer el importe total de activos o número de empleados; definir el sector en el que se encuadra la actividad de la empresa; o haber recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o a fondos de la Unión Europea.